Dorothy Estrada Tanck, Universidad de Murcia
Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en Afganistán han estado bajo constante y cruel asedio por el Gobierno de facto de los talibanes. En semanas recientes, sin embargo, las restricciones han tomado proporciones insólitas: la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, expedida en agosto de 2024 –la ley de moralidad–, prohíbe a las mujeres hablar en público por considerar que la voz femenina solo debe expresarse en un entorno íntimo, e incluso les impide cantar públicamente.
Cuando se lee esta noticia en la prensa, la primera impresión es que podría tratarse de una noticia falsa por lo absurdo y extremo que resulta pensar en vetar una expresión tan normal y propia de la esencia y dignidad humana, además de un derecho fundamental. Tristemente, es real. Esta ley es un componente más de un modelo de sociedad basado en medidas de deshumanización progresiva de las mujeres y las niñas.
Si bien anteriormente el Gobierno de facto en Afganistán ya había intentado borrar y silenciar a las mujeres en los espacios públicos, ahora presenciamos un silenciamiento literal y ya no sólo metafórico.
Normas rígidas también para los hombres y las minorías
La ley de moralidad del Emirato Islámico de Afganistán ordena a las mujeres “cubrirse totalmente el cuerpo y el rostro y no hablar ni cantar en voz alta de un modo en que las puedan oír personas ajenas a su familia”. Cabe hacer notar que los hombres y los niños están sujetos también a normas rígidas de vestimenta por las que deben cubrirse “del ombligo a las rodillas”.
La ley criminaliza y persigue a las personas LGBTQ+ y restringe los derechos de las minorías religiosas, entre otras medidas, prohibiendo las ceremonias no islámicas y prohibiendo también asociarse con no creyentes, afectando con ello no sólo a las mujeres y las niñas –la mitad de la población–, sino también a las minorías étnicas y religiosas no musulmanas.
Se ha enfatizado por personas estudiosas de la Sharia, incluyendo organizaciones feministas musulmanas, que este tipo de perspectivas son una interpretación errónea del islam y que no representan auténticamente la doctrina religiosa musulmana.
La ley de moralidad –condenada por activistas, medios de comunicación, mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU y distintos órganos de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, con la notable ausencia de China, Argelia y Rusia– también incluye poderes discrecionales de aplicar castigos severos por su incumplimiento, acrecentando aún más un clima social de miedo e incertidumbre.
Si bien la indignación sobre la situación de las mujeres y niñas en Afganistán es crucial, es también esencial entenderla no como un hecho aislado de un solo país, sino como una situación sintomática –ciertamente de las más graves– de los retrocesos y los ataques a la igualdad de género a nivel global.
Siendo así, Afganistán es una prueba para la comunidad internacional, sus valores fundacionales y sus líneas rojas: la reacción a esta realidad indicará el camino frente a (potenciales) actos de opresión de género en otras partes del mundo. Evocando a Martin Luther King, “recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino los silencios de nuestros amigos”.
Resulta notable y conmovedor ser testigos de las respuestas de las mujeres afganas que, cubiertas completamente de cuerpo y cara, se han grabado en vídeos circulados en redes sociales, cantando a manera de desafiar el régimen de dominación. La lucha por la igualdad y justicia de género ha sido apoyada por distintas figuras públicas, entre ellas Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, ella misma sobreviviente de un disparo en la cabeza a los 14 años por parte de fundamentalistas talibanes a raíz de su defensa del derecho a la educación de las niñas.
Persecución de género
La realidad de las mujeres y niñas afganas puede caracterizarse como persecución de género, un crimen contra la humanidad perseguible por la Corte Penal Internacional. Se ha sugerido que la discriminación, segregación y subyugación institucionalizada y sistemática que ellas viven reviste también la condición de apartheid de género y que debe reconocerse así explícitamente por el derecho internacional.
A tres años vista de la toma del poder en Afganistán por los talibanes, resulta decisivo seguir apoyando la lucha de las mujeres afganas y solidarizarnos con sus movimientos. Esto puede hacerse de maneras concretas como la financiación a las organizaciones lideradas por mujeres, la difusión de sus propuestas, el reconocimiento por terceros países del estatuto jurídico de refugiadas a quienes huyen y la ayuda para amplificar sus voces y su esperanza, aún viva, de que otro Afganistán, y otro mundo, son posibles.
Dorothy Estrada Tanck, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
