La petición del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan de órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y altos dirigentes de Hamás marca un momento crucial en la justicia internacional. La medida, sin precedentes por su alcance e implicaciones, es un paso esencial para desescalar la situación en Oriente Medio y envía un mensaje claro contra quienes pretenden estar por encima de la ley o de cualquier tipo de regulación colectiva. Este último punto es crucial en el actual régimen de guerra global.
Según Michael Hardt y Sandro Mezzadra, hemos entrado en un periodo de guerra sin fin, que se extiende por todo el globo disturbando incluso los nodos centrales del sistema mundial. Una de las muchas características mencionadas por Hardt y Mezzara es que actualmente, «…la creciente imbricación de la ‘geopolítica’ y la ‘geoeconomía’, en medio de un constante hacer y rehacer de los espacios de valorización y acumulación», se cruza «con la disputada distribución del poder político en todo el planeta».
Podemos ver entonces por qué muchos han criticado la investigación de Khan. Resulta que ha golpeado directamente en el corazón del actual régimen de guerra.
Los cargos contra Israel y Hamás
Khan, nombrado fiscal de la CPI en 2021, cuenta con una notable experiencia en derecho internacional, habiendo trabajado en casos de gran repercusión relacionados con ISIS, la antigua Yugoslavia y Ruanda. Su mandato ha estado marcado por el compromiso de exigir responsabilidades a los autores de crímenes de guerra, independientemente de su estatura o de las ramificaciones políticas internacionales. Su enfoque de la justicia se basa en su convicción de que el derecho internacional humanitario debe respetarse universalmente.
Precisamente por todos esos elementos se ha mantenido firme es esta ocasión: «No vamos a dejarnos influir por los distintos tipos de amenazas, algunas de las cuales son públicas y otras pueden no serlo», declaró a la CNN en una entrevista reciente. «Esto no es una cacería de brujas. No se trata de una reacción emocional. Es un proceso forense que se espera de nosotros como fiscales internacionales, como tribunal independiente, para construir pruebas que sean sólidas y que no se disuelvan en la sala del tribunal.»
La petición de Khan de órdenes de detención se basa en pruebas sustanciales que sugieren que tanto funcionarios israelíes como de Hamás tienen «responsabilidad penal» en graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Según la declaración publicada el 20 de mayo, el jefe del Movimiento de Resistencia Islámica, Yahya Sinwar; el comandante en jefe de las Brigadas Al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim Al Masri; y el jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh, deben ser acusados en relación con los atentados del 7 de octubre contra Israel.
Además, los dirigentes de Hamás deben enfrentarse a cargos de exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y otros actos de violencia sexual, tortura y trato cruel.
Por otro lado, Netanyahu y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, son responsables de varios crímenes internacionales desde que Israel comenzó su operación militar contra Hamás, entre ellos la inanición de civiles como método de guerra, causar intencionadamente grandes sufrimientos, asesinato intencionado, ataques intencionados contra una población civil, exterminio y/o asesinato y persecución. En este caso, el fiscal alegó que estos crímenes «… formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina como política de Estado».
Impugnaciones y críticas tras las solicitudes de órdenes de detención
Sin embargo, aunque significativa, la decisión de la CPI se enfrenta ya a numerosos retos y críticas. Las limitaciones jurisdiccionales del tribunal y el no reconocimiento por parte de Estados clave como Israel y Estados Unidos complican la ejecución de posibles órdenes de detención.
La eficacia de estas órdenes depende de la cooperación de los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI.
Además, la decisión también ha provocado una respuesta polarizada de la comunidad internacional. Los principales aliados occidentales de Israel, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, han criticado vehementemente la medida. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la solicitud de «indignante», argumentando que no hay equivalencia entre las acciones de Israel y las de Hamás. Del mismo modo, el Secretario de Estado Antony Blinken calificó la comparación de «vergonzosa», y ambos subrayaron que la CPI carece de jurisdicción en este asunto, ya que ni Israel ni Estados Unidos reconocen la autoridad del tribunal.
Por otra parte, algunas naciones europeas, en particular Alemania, Francia y Suiza, han expresado su apoyo a la independencia de la CPI y a la necesidad de luchar contra la impunidad.
Mientras tanto, Israel ha rechazado firmemente las acusaciones de la CPI, y el primer ministro Netanyahu ha denunciado la medida como un «ultraje moral de proporciones históricas». Este argumentó que socava el derecho de Israel a la autodefensa y equipara injustamente a un Estado democrático con una organización terrorista como Hamás. El ministro de Defensa Gallant se hizo eco de esta opinión, afirmando que el ejército israelí se atiene al derecho internacional y realiza esfuerzos humanitarios sin precedentes en los conflictos armados.
Durante la ya mencionada entrevista de Khan con la CNN, el fiscal compartió que «algunos líderes electos» habían hablado con él y habían sido muy directos: «Este tribunal está construido para África y para matones como Putin». De hecho, días antes del anuncio de Khan, un grupo de influyentes senadores republicanos envió una carta al fiscal jefe de la CPI advirtiéndole de que no emitiera órdenes internacionales de detención contra Netanyahu y otros funcionarios israelíes, amenazándole con «severas sanciones» si lo hacía.
Según Zeteo, que reveló por primera vez la carta, el documento de una página estaba firmado por 12 senadores del Partido Republicano, entre ellos Tom Cotton, de Arkansas, Marco Rubio, de Florida, y Ted Cruz, de Texas. El documento incluso informa a Khan de que cualquier intento de la CPI de responsabilizar a Netanyahu y a sus colegas por sus acciones en Gaza será interpretado «no sólo como una amenaza a la soberanía de Israel, sino a la soberanía de Estados Unidos».
Incluso llegaron a amenazar directamente a Khan, a la CPI y a los valores que inspiraron su creación diciendo: «Ataquen a Israel y les atacaremos a ustedes. Si siguen adelante con las medidas indicadas en el informe, procederemos a poner fin a todo el apoyo estadounidense a la CPI, sancionaremos a sus empleados y asociados, y les prohibiremos la entrada en Estados Unidos a usted y a sus familias. Están advertidos».
Lógicamente, ningún argumento puede apoyar esa opinión. Por un lado, se han acumulado pruebas más que suficientes durante los últimos ocho meses de guerra. A fecha de hoy, el número de muertos en Gaza supera los 35.000, de los cuales el 69% son niños y mujeres. Ha habido informes creíbles de ataques contra instituciones públicas, la prensa y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan sobre el terreno para proporcionar ayuda alimentaria y sanitaria. Además, el alcance del ataque israelí se dirige también contra toda la comunidad palestina, moral y culturalmente, tanto en Gaza como en Cisjordania. Se han producido ataques contra el pueblo palestino, calificándolo de animal y utilizando un lenguaje despectivo. Por no hablar de los esfuerzos de Israel por forzar una hambruna, aplicando no sólo estrictos controles sobre sus fronteras sino sobre cada pieza de material que entra y sale de esa zona.
La carta de los republicanos no se sostiene sobre ningun criterio moral o político. ¿Por qué, por ejemplo, pueden aplicarse las normas de la CPI en África y Rusia, pero no en Estados Unidos o Israel? ¿Sobre qué base puede alguien defender el derecho a ser superior a otros pueblos? Todos conocemos la historia lo suficiente como para comprender las consecuencias de ese tipo de superioridad moral. Irónicamente, esta misma mentalidad contribuyó a los orígenes del Holocausto contra los judíos.
El futuro desastre de un ataque efectivo contra la CPI crearía una reacción masiva contra la organización. Entonces, ¿qué más quedará del orden de justicia internacional erigido tras la derrota del nazismo en el siglo XX? Nada, nada quedará en pie. Por eso son tan importantes las solicitudes de órdenes de detención y la captura y procesamiento de Netanyahu, Garland y los dirigentes de Hamás. El orden actual dista mucho de ser perfecto, pero con el debilitamiento de estas estructuras, nos dirigimos inevitablemente hacia un futuro cada vez más violento y autoritario, gobernado por las reglas de la confrontación y en un régimen de guerra constante.
La justicia internacional frente a una encrucijada
David Harvey declaró recientemente en una entrevista que hoy en día «estamos asistiendo a la aparición de un proteccionismo-autarquía etnonacionalista, que es un modelo diferente». Además, «podríamos encaminarnos hacia algo mucho menos agradable que el neoliberalismo, la división del mundo en facciones beligerantes y proteccionistas que luchan entre sí por el comercio y por todo lo demás».
Por eso, la reciente decisión de la CPI contra dirigentes israelíes y de Hamás representa una coyuntura crítica en la búsqueda de la justicia internacional. Queda por ver si estos esfuerzos conducirán a una justicia tangible o exacerbarán las tensiones internacionales. Lo que está claro es que la declaración de la CPI ya ha tenido un profundo impacto en el discurso en torno a la justicia internacional.
En última instancia, se trata de defender lo que el fiscal Karim Khan dijo al final de su alegato el 20 de mayo:
«Seamos claros hoy sobre una cuestión fundamental: si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su colapso. Al hacerlo, estaremos debilitando los lazos que aún nos mantienen unidos, las relaciones de confianza entre todas las comunidades e individuos, la red de seguridad a la que todas las víctimas recurren en momentos de sufrimiento. Este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos en este momento».
Se trata, sin duda, de un paso clave hacia la consecución de la paz solidaria que necesitamos para recrear un sistema global de mayor justicia social.
