El Tribunal Supremo de Rusia ilegalizó este jueves el activismo LGBTQ+. En respuesta a una demanda presentada por el Ministerio de Justicia, el tribunal calificó de organización extremista y prohibió lo que en la demanda se denominaba el «movimiento» LGBTQ+ que opera en Rusia.
La medida, sería la más drástica contra los defensores de los derechos de gays, lesbianas y transexuales en un país caracerizado cada vez más por el conservadurismo.
En el caso de hoy, la vista fue a puerta cerrada y duró cuatro horas. No se permitió la entrada a nadie más que a los representantes del Ministerio de Justicia, y no había ningún acusado.
El caso, clasificado, no reveló ninguna prueba, limitándose a decir que las autoridades habían identificado «signos y manifestaciones de naturaleza extremista» en el movimiento que pretende prohibir, incluida la «incitación a la discordia social y religiosa».
Múltiples activistas de derechos humanos han señalado que la demanda se presentó contra un movimiento que no es una entidad oficial, y que, en virtud de su amplia y vaga definición, las autoridades rusas podrían tomar medidas enérgicas contra cualquier persona o grupo que se considere que forma parte de él.
Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo declaró a la BBC que cree «que [la audiencia judicial] está relacionada … con un enemigo artificial».
«Estamos luchando contra Occidente. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones», agregó.
Por su parte, Max Olenichev, abogado de derechos humanos dijo a The Associated Press que «en la práctica, podría ocurrir que las autoridades rusas, con esta sentencia judicial en la mano,» podrían aplicarla «contra las iniciativas LGBTQ+ que trabajan en Rusia.»
Amnistía Internacional calificó la decisión de «vergonzosa y absurda», advirtiendo de que podría llevar a una prohibición general de las organizaciones LGBTQ+, violar la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, y dar lugar a discriminación.
«Afectará a innumerables personas, y sus repercusiones están a punto de ser catastróficas», afirmó Marie Struthers, directora del grupo para Europa Oriental y Asia Central.
