Por Eduardo Giordano
El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye a las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, apenas once días antes de los comicios, puso de manifiesto el papel que han adquirido en este país sudamericano las bandas criminales, muchas veces vinculadas al tráfico internacional de cocaína.
Este crimen político tuvo gran repercusión por tratarse de un candidato a la presidencia, pero fue precedido por una sucesión de asesinatos de dirigentes de varios partidos: el alcalde de Manta, Agustín Intriago, del movimiento cantonal Mejor Ciudad, y el candidato a la Asamblea por Esmeraldas, Ryder Sánchez, de la alianza derechista Actuemos, presidida por Otto Sonnenholzner. Ambas localidades destacan por la centralidad de sus puertos en el tráfico de drogas.
Otra víctima reciente de la violencia sicarial fue Omar Menéndez, candidato a alcalde en la ciudad costera de Puerto López, del partido Revolución Ciudadana, asesinado un día antes de las elecciones municipales. Y aun con posterioridad al asesinato de Villavicencio, el 14 de agosto, fue asesinado Pedro Briones, un dirigente de Revolución Ciudadana de la norteña provincia de Esmeraldas. Este crimen se produjo el mismo día del debate televisivo entre los candidatos a la presidencia, enfocado principalmente en “rescatar al país de la inseguridad” como dijo uno de ellos. El último tiroteo registrado en un acto electoral tuvo lugar este jueves en el cierre de campaña del empresario Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la Alianza Acción Democrática Nacional. Tuvo lugar en Durán, en el área metropolitana de Guayaquil, aunque el ministro del Interior, Juan Zapata, ha descartado que fuese un ataque contra el candidato.
Ante este escenario favorable al retorno de Correa, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente
Seis de los detenidos por el asesinato de Villavicencio son colombianos y varios cuentan con antecedentes penales en Colombia, con cargos por asesinato y narcotráfico. Otro de los sicarios detenidos es de nacionalidad venezolana. El autor material del homicidio, también colombiano, habría quedado herido tras un tiroteo con la policía, pero fue conducido con vida a la Fiscalía para ser interrogado y horas más tarde fue dado por muerto. Todos los colombianos capturados ya habían sido detenidos por otros delitos un mes antes y dejados en libertad.
El candidato presidencial asesinado, cercano al presidente derechista Guillermo Lasso y enemigo declarado de Rafael Correa, había destacado en la campaña por su rechazo a las bandas violentas exponiendo algunas ideas sobre su forma de enfrentarlas, entre ellas la militarización de los puertos y construir una mega cárcel de alta seguridad en una zona aislada. Ideas que en general comparten otros candidatos a la presidencia, como es el caso de Jan Topic o Xavier Hervas.
Elecciones y “muerte cruzada” del presidente
Si bien el mandato del presidente neoliberal Guillermo Lasso debía concluir en 2025, en mayo de 2023 decretó la disolución de la Asamblea Nacional y convocó nuevas elecciones, un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, empleado aquí como escapatoria al juicio político iniciado contra el mandatario por malversación de fondos públicos. Meses antes, en de febrero de este año, el Movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa fue la fuerza más votada en las elecciones seccionales de febrero pasado, con más del 23% de los sufragios; y ganó 9 de las 23 prefecturas y 50 alcaldías, incluidas las de Quito y Guayaquil.
Fernando Villavicencio tuvo una participación crucial en el Congreso para evitar la destitución del presidente y permitirle que convocase elecciones anticipadas. Si bien discrepaba en muchas cuestiones con el presidente Guillermo Lasso, al igual que con el presidente anterior Lenin Moreno, era más importante lo que les unía: su rechazo a las políticas progresistas y antiimperialistas de Revolución Ciudadana.
En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia
El candidato asesinado había denunciado al ex presidente Rafael Correa (2007 a 2017) por supuestos casos de corrupción, por los cuales Correa siempre se ha considerado injustamente perseguido y víctima del lawfare, la estrategia de desgaste con la guerra judicial que han sufrido y sufren varios mandatarios y mandatarias latinoamericanas. Uno de los casos investigados por Villavicencio durante el mandato de Lenin Moreno acabó en orden de captura contra Correa y lo llevó al exilio en Bélgica. Previamente, en 2014, Villavicencio fue condenado a un año y medio de prisión (incumplida) por la justicia ecuatoriana, por calumnias contra el entonces presidente Correa, a quien acusó sin fundamento de haber cometido delitos de lesa humanidad.
En todas las encuestas publicadas desde junio, Luisa González, candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana que lidera Rafael Correa, aparecía como favorita con el 29% de intención de voto, seguida de Yaku Pérez, candidato del movimiento indígena Somos Agua (14%), mientras que Villavicencio figuraba en cuarto o quinto lugar con poco más del 7%. Ante este escenario favorable al retorno de Correa, a quien Luisa González dijo que convertiría en su principal asesor, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente.
En una de sus últimas intervenciones difundida en redes sociales, Villavicencio intentó vincular a una candidata a la Asamblea de Revolución Ciudadana, Raiza Vulgarín, con la causa abierta por la Fiscalía de Colombia contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta candidata fue involucrada como supuesta facilitadora del transporte del dinero a partir de informes del fiscal Francisco Barbosa, sin más prueba de estas graves acusaciones que su vinculación sentimental con un primo del Nicolás Petro. Con tan poco fundamento, el político asesinado afirmaba que iba a pedir a la fiscal general de Ecuador que investigase “los vínculos de la Revolución Ciudadana con el partido de Gustavo Petro en Colombia”. En otra intervención decía sin dar más explicaciones: “Casi siempre que se habla de Socialismo del siglo XXI en América Latina hay un vínculo con el narcotráfico”.
Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia
En el plano internacional, el posible triunfo de Revolución Ciudadana en las elecciones preocupa desde hace meses en Estados Unidos. El agotamiento del proyecto neoliberal emprendido por Lenin Moreno y acentuado durante los dos años baldíos de Guillermo Lasso, situó en el centro del debate político las diferencias de estrategia económica entre los sectores confrontados. Este era el debate emergente y que debía ocupar los espacios políticos hasta las elecciones, pero el asesinato de Fernando Villavicencio desplazó los ejes del debate hacia el plano securitario. En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial —también formalmente militarizado por los presentadores— fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia, al que se dedicaron los primeros 50 minutos de las exposiciones y réplicas.
Narcotráfico y bandas criminales
En los últimos años, la narcoviolencia se ha impuesto en las calles de Ecuador. Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia. Este país se ha convertido en “uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína”, según reporta el sitio especializado InsightCrime en su informe anual de 2023. Y en otro informe sobre el tráfico internacional de cocaína, esta misma fuente añade: “La frontera de Ecuador con Colombia, una de las zonas de mayor tráfico de cocaína, cuenta con unos 70 pasos ilegales. Esto ha hecho que la cocaína, el combustible, los precursores químicos, las armas y las municiones fluyan entre los dos países, y que aumente la violencia a medida que grupos ecuatorianos y colombianos se disputan las economías criminales”.
Ecuador no es productor de hoja de coca, pero se ha convertido en un importante lugar de tránsito, acopio y distribución hacia los mayores centros de consumo de la cocaína colombiana y peruana. Los principales cargamentos salen desde los puertos de Guayaquil, controlado y disputado por las mafias de diverso pelaje, desde las organizaciones narcoparamilitares colombianas hasta la mafia albanesa. También desempeñan un papel importante el puerto de Manta, en la mitad del frente oceánico del país, Esmeraldas al norte y Puerto Bolívar, el segundo puerto de Ecuador, al sur.
En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio
En un informe de la Policía Nacional de enero de 2022 , archivado por la justicia, se investigaron presuntos nexos con el Gobierno de la mafia albanesa. Esas informaciones facilitadas por el medio digital La Posta incluían también entre los sospechosos a un general de la policía. Desde entonces son frecuentes las alusiones periodísticas a los narcogenerales que pueblan los cuerpos de seguridad. Los tentáculos del narcotráfico se han diseminado por todos estamentos de poder y han corrompido a las instituciones.
La mafia albanesa expandió sus actividades por el mundo a pasos acelerados. Se inició en el narcotráfico en Europa con el comercio de heroína durante las guerras de los Balcanes, en simbiosis con el grupo terrorista Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), financiado por Estados Unidos al amparo de la operación de la OTAN en la región. Durante la última década, sus operaciones han saltado a América Latina para controlar el tráfico mundial de cocaína, principalmente a través de puertos ecuatorianos. Es un hecho que Ecuador “es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta”.
En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio.
Rafael Correa denuncia un complot
El asesinato de Villavicencio fue atribuido por algunos medios de comunicación a una banda criminal denominada Los Choneros, que se ha expandido desde las extorsiones y robos que cometía tras su creación en los años 1990, hacia actividades de microtráfico de drogas, implicándose en los últimos años en el narcotráfico a escala internacional. Pocos días antes de su muerte, Villavicencio se refirió a unas amenazas que habría recibido desde la cárcel del jefe de esta banda, alias Fito, vinculado con el cartel mexicano de Sinaloa. El candidato había hecho campaña como abanderado contra la corrupción, pero también contra los narcos: “En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo”, había declarado.
Correa declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”
También se mencionó como autores del asesinato a Los Lobos, otra banda criminal a la que se asocia con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, competidores con los anteriores en el tráfico mundial de cocaína. En realidad, no parece documentado que existan vínculos de subsidiariedad respecto de los clanes mexicanos. Más bien las bandas locales ofrecen servicios delictivos (sicariato) a sus clientes mexicanos, pero también a clientes nacionales dispuestos a pagar por ello.
La esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, regresó de Estados Unidos después del crimen. Los cónyuges se habían separado años atrás. Sarauz denunció que el Gobierno no había protegido debidamente a su marido (lo subieron a un coche no blindado y sin chofer), pero cargó la responsabilidad sin pruebas a sus enemigos políticos. Cuando le preguntaron quién estaría detrás del asesinato, afirmó: “Lo voy a decir muy claro, el correísmo”, añadiendo que “el correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país”. Además, dio un nuevo giro a la supuesta influencia de Colombia, acusando a la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico: “Piedad Córdoba dijo a mi esposo que lo iba a desaparecer”. En cambio, exoneró al presidente Lasso de este modo: “El Gobierno de Lasso es débil y tiene muchas falencias, pero no se me pasa por la cabeza decir que es asesino”.
El ex presidente Rafael Correa, tras lamentar la muerte de su contrincante político, respondió a esas declaraciones en una entrevista a la emisora Caracol. Aseguró que a Villavicencio le tendieron una trampa, y declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”.
La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro
Sobre la escalada violenta que atraviesa Ecuador desde el final de su mandato presidencial en 2017, Correa afirmó: “No he visto en la historia contemporánea una destrucción tan rápida y profunda en época de paz. (…) Pero en seis años, ha pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina, con 5,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a ser uno de los países más violentos del mundo, con 25,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Y la tendencia se acelera este año, y eso nos colocará entre los 15 países más violentos del mundo.”
Correa ahonda en las causas de esta violencia desbordada: “¿Y por qué lo destrozaron todo? Por el odio político. Lo que está pasando hoy en Ecuador no es fruto del azar; es fruto del odio, la ineptitud y la codicia de aquellos que nos sucedieron en el poder”.
La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro. No se deben sacar conclusiones anticipadas de quiénes fueron los inductores o responsables intelectuales del crimen. El propio presidente Guillermo Lasso lo definió como un “crimen político” y afirmó: “Y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”.
Hay algunas coincidencias con el asesinato del presidente de Haití en julio de 2021 por parte de comandos colombianos, ya que la mayoría de los sicarios apresados y el que presuntamente disparó contra el candidato son jóvenes de nacionalidad colombiana, algunos con antecedentes criminales. Sin embargo, se sabe que también habrían participado cuatro ecuatorianos, sin que hasta ahora se los haya identificado. Y según la esposa de Villavicencio, los sicarios tuvieron contacto al menos con tres políticos de Ecuador.
En la información que ofreció el Gobierno ecuatoriano sobre los detenidos colombianos, indicaba que estos formaban parte de una organización ilegal pero no llegó a identificarla. Pasada la primera semana, no hubo más información al respecto. Esto confirmaría la hipótesis de que el grupo de sicarios colombianos, que ya residían en Ecuador, fue contratado por intermediarios ecuatorianos y no por narcotraficantes. ¿Al servicio de quién? Esa pregunta permanecerá cierto tiempo sin tener respuesta, pero como bien dice el opositor Rafael Correa, la primera pregunta que uno debe hacerse ante un crimen político es a quién beneficia (y a quién no).
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