La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes la reciente orden ejecutiva de Donald Trump que impone sanciones a sus funcionarios. En un comunicado publicado en su página web, la CPI calificó el movimiento de Estados Unidos como un intento descarado de sabotear su independencia y socavar los principios básicos del derecho internacional.
La orden ejecutiva firmada por Trump no es solo un gesto simbólico. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la restricción de visados para funcionarios de la CPI y sus familiares. El detonante fue la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra cometidos en Gaza tras los ataques de Hamas en 2023.
En su comunicado oficial, la Corte declaró que no cederá ante presiones políticas y seguirá investigando crímenes de guerra sin importar qué tan poderosos sean los responsables. «Llamamos a todas las naciones a unirse en la defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales», afirmó la institución.
Por su parte, Netanyahu aplaudió desde Israel. «Gracias, Presidente Trump, por tu audaz orden ejecutiva», declaró su oficina, tildando a la CPI de «antisemita y corrupta».
Las sanciones contra la CPI son una amenaza real a la lucha contra la impunidad. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que estas medidas podrían impedir que la CPI realice su trabajo en otras regiones, afectando investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en lugares como Sudán, Myanmar o Siria.
«Las víctimas de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo recurren a la CPI cuando no tienen a dónde más acudir. La orden de Trump hará más difícil que encuentren justicia», declaró a AP Charlie Hogle, abogado de la ACLU.
Por otro lado, algunos países europeos, entre ellos Países Bajos, han comenzado a movilizarse para mitigar el impacto de las sanciones y garantizar que la CPI pueda seguir operando.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la CPI no es nuevo. Desde la fundación del tribunal en 2002, Washington ha hecho todo lo posible para evitar que sus ciudadanos sean investigados por crímenes de guerra. En 2020, Trump ya había impuesto sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por abrir una investigación sobre Afganistán. Biden levantó esas sanciones, pero con la nueva orden ejecutiva, parece que la estrategia de intimidación regresa con fuerza.
Sin embargo, esta política de mano dura podría tener consecuencias no previstas. Al atacar a la CPI, Estados Unidos está debilitando su propia posición diplomática y erosionando el sistema de justicia internacional que, en otros contextos, ha utilizado a su favor.
