Cuando Gabriel Boric asumió en marzo de 2022, pensamos ingenuamente en una posibilidad real de romper con esa larga historia chilena de tratar al pueblo mapuche y a los demás pueblos indígenas como un simple «asunto de seguridad», en lugar de reconocerlos como naciones con derechos plenos y colectivos.
Lo señalo porque en plena campaña presidencial de 2021, Gabriel Boric se comprometió explícitamente a terminar con el Estado de Excepción en el Wallmapu, garantizar una restitución efectiva de tierras ancestrales , reconocer el Estado plurinacional y abrir un diálogo político sin recurrir a la lógica represiva. La primera señal fue fuerte: apenas ganó la primera vuelta en 2021, llamó a Elisa Loncón.
Quienes lo apoyamos —en medio de un proceso constituyente que parecía romper con siglos de colonialismo— pensamos que por fin se podía dejar atrás el Estado monocultural y uninacional que solo había traído desigualdad, racismo estructural y exclusión territorial.
De hecho, yo mismo ingresé a militar en Convergencia Social en 2021. Sentía que el proceso constituyente —y demandas como la construcción de un Estado plurinacional— necesitaban el respaldo de un partido y de un gobierno que se presentaban como transformadores y que ponían en el centro las demandas indígenas.
Pero el gobierno de Boric no avanzó en una transformación estructural hacia lo plurinacional, por lo que aquello nunca ocurrió. Por el contrario, reprodujo y hasta endureció las lógicas coloniales que tanto cuestionaba desde la oposición. No debe sorprendernos que la militarización del Wallmapu siguiera sin cambios sustantivos e incluso con un agravamiento : los estados de excepción se renovaron uno tras otro y las Fuerzas Armadas desplegaron su presencia en carreteras y territorios.
Desde el gobierno se defienden diciendo que crearon la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, con ideas de un nuevo sistema de tierras y una agencia de reparación y justicia. Sin embargo, no abordó las cuestiones estructurales: la colonialidad estructural, el extractivismo forestal y la militarización ya instalada como política de Estado.
Lo mismo ocurrió con el Plan Buen Vivir: si bien hubo recursos para obras e infraestructura en territorios indígenas, no se cambiaron las relaciones de poder ni se cuestionó el modelo extractivista. En paralelo, se siguió conviviendo con la militarización permanente, sin avanzar en la restitución territorial ni en la autodeterminación.
Así, el modelo forestal —heredero directo de la Pacificación de la Araucanía— siguió intacto, profundizando la crisis hídrica, la pobreza en las comunidades y las tensiones territoriales. No hubo una reforma seria del Código de Aguas ni devolución masiva de predios usurpados; solo anuncios aislados, diálogos sin fuerza vinculante y gestos que diluyeron las iniciativas de autonomía.
La derrota del proceso constituyente de 2022 —con su plurinacionalidad explícita— dejó al gobierno sin herramientas reales.
La derrota del proceso constituyente de 2022 —con su plurinacionalidad explícita— dejó al gobierno sin herramientas reales. En lugar de impulsar mecanismos de participación indígena soberana o una agenda descolonizadora más allá de lo simbólico, Boric optó por un pragmatismo electoral: priorizar la «paz social» mediante la coerción antes que la justicia histórica.
El resultado fue un aumento de la desconfianza en las comunidades la criminalización continua de la protesta mapuche. A ello se agrega un legado que forma parte de la larga lista de promesas incumplidas del Estado chileno, que ha obligado a los pueblos indígenas a lidiar con gobiernos irresponsables e incompetentes que los usan para su campaña política y después se olvidan de ellos.
En consecuencia, el gobierno de Gabriel Boric no enfrentó el poder económico que todavía sostiene el extractivismo en territorios indígenas (forestal, hidroeléctrico, minero), no desarmó la lógica racista que aún concibe al mapuche como freno al «desarrollo» y tampoco construyó alianzas reales con movimientos indígenas, prefiriendo interlocutores institucionales que terminaban diluyendo las demandas de raíz.
En definitiva, el gobierno de Gabriel Boric eligió la continuidad del Estado colonial por sobre una transformación profunda
No por esto justifico ni avalo la violencia de los sectores que reivindican el asesinato de civiles como acción política en nombre de la causa mapuche. Eso es condenable y va en contra de cualquier proyecto de justicia colectiva. Tampoco hay que olvidar que esos mismos sectores rechazaron la plurinacionalidad como vía institucional y democrática.
En definitiva, el gobierno de Gabriel Boric eligió la continuidad del Estado colonial por sobre una transformación profunda, una que fuera mucho más allá de meras comisiones sin poder real. Con ello negó la posibilidad de construir una institucionalidad que reconociera la autodeterminación, devolviera lo usurpado y dejara de responder con militarización a un conflicto histórico.
