Los actuales acontecimientos en Serbia, con la participación de estudiantes y académicos en el movimiento de protesta en curso, asi como la represión y censura de que han sido objeto por las autoridades gubernamentales, me obligan a retomar algunas ideas, expuestas hace algun tiempo, sobre el tema que enuncia el título de este texto. Sirva el mismo como mi modesta reflexión y solidaridad ante los hechos de violencia que afectan a mis colegas de la academia local.
La libertad académica –amenazada hoy en todo el globo– se entiende como el derecho irrestricto de los académicos a la libertad de enseñanza, opinión y discusión, en la realización de sus investigaciones y en la difusión y publicación de los resultados de estas. Reúne varios requisitos y fenómenos concurrentes, tales como la libertad de investigación y enseñanza, la libertad de intercambio y difusión, la autonomía institucional, la integridad del campus, y la libertad de expresión académica y cultural, entre otros. Para defenderlas no hay que elegir, por ideología o grado de control, entre modos diferentes de censurar la libertad académica, sino sostener una denuncia común de sus efectos sobre los derechos humanos y la democracia.
La libertad académica encuentran en la universidad un sitio privilegiado -aunque no único ni perfecto- para su despliegue y defensa. Las universidades constituyen, además, vehículos fundamentales para la cultura democrática. Devienen escuelas de ciudadanía, donde la gente aprende a convivir con ideas diferentes a las suyas y ejercita el pensamiento crítico. En sus aulas podemos, si se vive dentro de un orden democrático, constatar las mentiras del poder –sea este político, económico o pastoral– y forjar criterios alternativos. Por ello las universidades e institutos de investigación constituyen objetivos predilectos de los populistas quienes aspiran, con independencia de su ideología y legitimidad, a concentrar en pocas manos el poder de una nación. Deviniendo, en vez de meros demagogos, autócratas consumados.
La libertad académica encuentran en la universidad un sitio privilegiado -aunque no único ni perfecto- para su despliegue y defensa. Las universidades constituyen, además, vehículos fundamentales para la cultura democrática. Devienen escuelas de ciudadanía, donde la gente aprende a convivir con ideas diferentes a las suyas y ejercita el pensamiento crítico.
Veo tres rutas principales que se abren en las estrategias de neutralización de intelectuales, instituciones y comunidades académicas insumisos al discurso oficial. Estas -concebidas como tipos ideales– adquieren formas y matices diversos en distintos lugares, al sazón de la agenda, recursos y cultura política del autoritarismo doméstico. Pero se replican, una y otra vez, en todos los rincones del orbe. A veces operan de forma pura; en otras ocasiones actúan mezcladas.
La supresión irrumpe cuando procesos y grupos políticos antiliberales -en sus variantes revolucionaria o reaccionaria- eliminan cualquier posibilidad de difundir pensamientos distintos al del grupo de poder dominante. La toma estatal de universidades, unida a la abolición del derecho mismo a una educación autónoma del poder, son marcas supresivas del despotismo moderno en el último siglo. Los regímenes autocráticos –comunistas, fascistas, dictaduras militares periféricas, entre otros– eliminaron siempre cualquier forma de educación rebelde al pensamiento único oficial. Una aniquilación fáctica, sustentada la mayoría de las veces por una legislación punitiva y una ideología totalizante.
La erosión se revela, sinuosa pero dañina, en gobiernos populistas de disímil signo ideológico, coincidentes en sus tendencias incompletamente autoritarias. Es lo que han hecho Viktor Orbán con el asedio obsesivo a la Universidad Europea en Budapest, Tayyip Erdogan con la destitución del rector de la Universidad Bogazici de Estambul y López Obrador en su asalto al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Agendas que se expanden con restricciones y destituciones adicionales a otros centros de investigación y enseñanza de Hungría, Turquía y México. Sin atreverse a eliminar de jure toda forma de enseñanza ajena a la estatal, la estrategia consiste aquí en arrinconar de facto a los críticos; orillándolos a la ruina financiera, el escarnio público y la pérdida de sus espacios de expresión. Con la venia de empresarios y directores afines –por ideología o negocios– al poder tutelar, la ola erosiva va arruinando la libertad académica, amparada en una mentalidad hegemónica, que no busca imponer un pensamiento único pero sí instalar una conformidad masiva.
La demolición es la forma menos reconocible pero acaso sea, por su naturaleza, la más perversa. No necesita el Estado ocupar el edificio de la facultad. Tampoco invadir con botas militares el campus universitario. Los demoledores, del mismo modo que operan sus pares de la ingeniería civil, destruyen desde dentro los cimientos mismos de la educación libre. En el seno de sociedades abiertas, los demoledores son esos intelectuales caníbales que, con la imposición de narrativas mesiánicas y activismos histéricos, asesinan las condiciones mismas del pensamiento crítico y corroen la posibilidad de un debate informado, ajeno a dogmas seculares. Ha sucedido en Latinoamérica, con intelectuales militantes aplaudiendo el arribo de gobiernos autoritarios que imponen una dominación sobre la educación superior de sus países. O en Estados Unidos, donde ayer era muy complicado, dentro del progresismo dominante de muchas universidades de élite, hacer un análisis crítico al enfoque de la (mal) llamada Justicia Social, sin ser acusado y aislado como vil reaccionario. Lo cual, por cierto, ha sido ahora combatido de modo iliberal con una ofensiva de acciones ideológicas y administrativas, que mezcla erosión y supresión, dirigida desde la Presidencia de Donald Trump y con apoyo de los funcionarios, medios y think tanks reaccionarios.
Contra estas libertades se imponen las rutas de supresión, erosión y demolición que confluyen, desde Serbia a Argentina, desde Venezuela a Estados Unidos, con su amenaza a las libertades de enseñanza, expresión e investigación de las universidades contemporáneas. Libertades que, junto a los derechos a la organización, manifestación y participación cívicas constituyen las bases epistémicas, normativas y fácticas de nuestra convivencia democrática.
En la actual coyuntura, las protestas que sacuden Belgrado, Estambul, Budapest y otras ciudades del flanco este de Europa, parecen anticipar una primavera de los pueblos de destino incierto, amenazadas de devenir -dada las visibles formas represivas y de colaboración de los autoritarios en contra de sus poblaciones- en un invierno de los despotismos. Dada la coyuntura global donde padecemos el cruce perverso de agendas reaccionarias y progresistas de tinte erosivo, demoledor y supresivo, vale la pena comprender y resistir semejantes asaltos al pensamiento crítico y la existencia, reflexión e incidencia de las academias, en pro de sociedades abiertas, justas y libres.
