Un dicho popular reza que «guerra avisada no mata soldado», pero calcular la magnitud de esa guerra sigue siendo difícil, incluso para una población que acumula varias decepciones y promesas incumplidas.
En la madrugada del 30 de mayo, los cubanos se despertaron con la noticia —ya anunciada por el primer ministro— de que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) fijaba un tope de 360 CUP para las recargas nacionales, suficiente apenas para 6,5 GB de datos móviles. Quien precise mayor conexión deberá pagar «un poquito más», según explicó su vicepresidenta en «Mesa Redonda»: 3 360 CUP por solo 4 GB adicionales, más que el salario mínimo y más de diez veces el precio anterior.
Que una empresa estatal —¿socialista?— tasara el salario de muchos profesionales en unos pocos gigabytes desató una oleada de protestas y comunicados, algunos emitidos por organizaciones legalmente reconocidas, algo inusual en la gestión del disenso en Cuba.
Mientras ETECSA alegaba descapitalización y riesgo de colapso técnico, la población escuchaba: «cómpreme en dólares o quédese sin conexión». Días después, el presidente, acompañado por el viceministro primero de Comunicaciones y la presidenta de la compañía, reconocía que más del 80 % de los ingresos en divisas proviene de recargas externas, confirmando la dependencia de un modelo cuyos clientes reales no son el «pueblo trabajador», sino aquellos emigrados que en algún momento fueron tildados de «gusanos» y se fueron bajo los gritos de «no los necesitamos»
Como analizó mi colega Mariana Camejo en La Joven Cuba, la crisis es ante todo política, aunque la economía tenga un peso clave. Y no se trata de demonizar las remesas: son una muestra legítima de solidaridad y de que quienes se marchan no siempre olvidan a los que se quedan. Sin embargo, una cosa es recibir ayuda familiar y otra muy distinta depender de esos envíos para costear un servicio público elemental o reproducir la vida cotidiana.
Aunque el Estado cubano no publica cifras oficiales, estudios externos estiman que las remesas equivalen al 26 % del PIB y llegan a dos de cada tres hogares. No obstante, ese caudal es vulnerable a las tormentas políticas, a los vaivenes migratorios y, sobre todo, a la precariedad de muchos emigrados, especialmente los que viven en Estados Unidos, hoy golpeados por las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump.
Cuba no es el único país donde las remesas pesan tanto. En Nicaragua, Honduras o El Salvador, superan el 20 % del PIB. Pero, lejos de ser un modelo a imitar, son espejos que revelan fragilidades estructurales en la región. La singularidad cubana también radica en que empresas estatales oferten bienes y servicios que solo pueden pagarse «desde el exterior».
Basar la sostenibilidad de un servicio de primera necesidad en el envío de divisas resulta cuestionable, no solo porque deja fuera a quienes carecen de familiares en el exterior, sino porque parte de la premisa de que la ciudadanía residente es incapaz de sostenerse por sí misma. Ignorar el daño moral y político que implica tener a buena parte de la población dependiente de otros es un grave error para un Estado que proclama la soberanía como valor supremo.
Si aceptamos, como recuerda el marxismo, que «el ser social determina la conciencia», quienes dependen de remesas tienden a quedar reducidos a «adultos de segunda categoría» que necesitan de los ingresos generados «en el capitalismo» para subsistir, mientras sus empleos en la Isla —por muy reconocidos socialmente que sean— se convierten en hobbies con estipendio. Por tanto, la rentabilidad de una empresa nacional, principio cardinal de la reproducción del capital, no puede descansar en la caridad familiar, sino en la capacidad de compra que una ciudadanía adquiere con los frutos de su trabajo.
ETECSA debe velar por que su ficha de costo esté bien calculada y el precio cubra mantenimiento y mejora continua; pero el subsidio para que un estudiante, un jubilado o un profesional puedan conectarse debe provenir de políticas públicas, no de las billeteras de la diáspora. Economistas han propuesto soluciones paliativas: crear un fondo social que financie el consumo básico, aplicar un esquema de precios duales —tarifa subvencionada para un uso medio con bonos para sectores vulnerables e importes indexados al mercado para consumos superiores— y transparentar la formación de precios.
Aun así, esas medidas seguirían siendo parches mientras la economía permanezca sin un mercado cambiario creíble que acerque la tasa oficial a la informal. El propio presidente lo reconoció, pero el problema lleva años sin resolverse y solo ha ido a peor, sin una acción concreta, eficaz y científicamente fundamentada del gobierno para solucionarlo.
Además, es imprescindible descentralizar la empresa estatal y permitir competencia real; ETECSA no juega con las reglas del mercado, sino que utiliza un privilegio otorgado por decreto —ser la única autorizada a ofrecer telecomunicaciones— para imponer precios en situación de monopolio.
Pero la tormenta por la factura de los datos fue solo el detonante en un campo de pólvora minado por decisiones anteriores, como las tiendas en MLC —que nunca lograron abastecer a sus homólogas en CUP— y la continua reducción del bienestar social. No son pocos quienes temen que, si se deja pasar este episodio, mañana puedan dolarizarse la electricidad, el agua… pues el argumento de fondo sería idéntico: «necesito dólares y no los tengo».
En medio de este panorama emergió un actor que muchos —incluyéndome— consideraban apático: el estudiantado. Se trata de un sector mayoritariamente de clase media —ni tan pobre para sentirse impotente ni tan acomodado como para evitar el golpe— que hoy combina estudios con trabajos formales o informales. No es casual que una de las protestas más enérgicas proviniera de la Facultad de Matemática y Cibernética: muchos de esos jóvenes se emplean como programadores para empresas extranjeras que, aun precarizando su trabajo, les ofrecen ingresos suficientes para costear los gastos complementarios a sus estudios.
Sin embargo, la mayoría de las cartas emitidas evidenció una visión colectiva que trascendía los intereses individuales. Cuando ETECSA ofreció un «paquete adicional» para universitarios, numerosas facultades lo rechazaron, y el estudiantado no solo pidió revocar la medida, sino que cuestionó la opacidad con que se toman decisiones y la lógica del «parche burocrático» que beneficia a universitarios mientras deja fuera a docentes, médicos y al resto de la población.
Las contradicciones afloradas durante las reclamaciones obligaron a revisar las lógicas internas de las organizaciones estudiantiles. Se evidenció una brecha entre el Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) —con su presidente en televisión sin interpelar a los directivos— y varios secretariados de facultad abiertamente inconformes. Esa distancia ilustra la lógica de filtrado que rige en las estructuras de masas: los cuadros que ascienden suelen ser depurados por la burocracia, resultando menos críticos y más desconectados de las bases. A escala de facultad, en cambio, el panorama es más heterogéneo, porque cada vez menos jóvenes acatan discursos divorciados de su realidad.
El fenómeno plantea otro desafío a un sistema político acostumbrado a la unanimidad y a simplificar el mapa moral: «revolucionario» equivale a dócil y disciplinado; «contrarrevolucionario», a disidente e inconforme. La confrontación política es inherente a cualquier transformación, y gestionarla dentro de las instituciones civiles y estatales es uno de los grandes retos contemporáneos, sobre todo en un país marcado por el verticalismo. El presidente de la FEU incurrió en un error político al acudir a la televisión para agradecer, justo cuando sus electores exigían lo contrario.
La adhesión de los profesores de Sociología no sorprende: esa área de las ciencias sociales ha sido históricamente confrontacional. Resulta contradictorio estudiar la policrisis actual, las desigualdades crecientes y las desventajas de amplios sectores, y permanecer inmóvil ante una medida que agrava tales brechas.
Por otro lado, la empresa, las instituciones oficiales y el Partido se han visto forzados a mantener un diálogo con estos sectores críticos, como ya ocurrió tras las protestas de marzo de 2024. Sin embargo, varios dirigentes han optado por desviar la atención hacia los supuestos propósitos del «enemigo» que intenta instrumentalizar la crisis.
Y es cierto: los llamados de María Elvira Salazar a la insurrección, con la promesa insultante de convertir la Isla en «Hong Kong» —mientras apoya medidas que impiden la conexión a cables submarinos que le pasan por al lado—, están ahí, al igual que las imágenes manipuladas y las notas sensacionalistas de ciertos medios opositores. Pero denunciar esos intentos mientras se ignoran los comunicados reales de estudiantes y docentes solo refuerza la percepción de un partido burocratizado y desconectado, incluso de sus sectores más leales, y de una prensa estatal y partidista —que no pública— con el mismo problema.
Si «guerra avisada no mata soldado», esta crisis ha vuelto a poner sobre aviso que la batalla decisiva no se dirime en el precio del gigabyte, sino en el modelo que lo encarece. El estrépito de las recargas recordó a cada ciudadano que la soberanía —esa que se proclama en los discursos— se fisura cuando el sustento cotidiano descansa en remesas y no en el fruto del trabajo. Las protestas estudiantiles, los comunicados docentes y la irritación popular prueban que, alertados o no, los soldados de esta guerra están cada vez más renuentes a seguir sacrificándose por una causa sin explicaciones, sin transparencia y sin que se tomen decisiones acordes a sus intereses.
Rectificar precios o duplicar datos puede apaciguar a algunos sectores, pero el próximo estallido será inevitable si la economía sigue sin permitir la reproducción de la vida —con un mínimo de bienestar— a través del trabajo.
Reformar el modelo económico, aprobar la tan postergada Ley de Empresas, sanear las finanzas públicas, sincerar el tipo de cambio y descentralizar la producción deberían ser las tareas de primer orden. Pero el modelo económico no está desconectado del modelo político y social: los dirigentes que hoy han agravado la crisis no vinieron de Marte. Por tanto, una reforma económica debe venir acompañada del desmonte de las estructuras verticales y autoritarias que han provocado lo que tenemos.
Sin una ciudadanía activa y crítica, esto es una quimera irrealizable. Los estudiantes dieron el primer paso. Incluso si fracasaran en este empeño puntual, ya han demostrado que las bases populares son más revolucionarias y audaces que las estructuras que dicen representarlas. Tarde o temprano, tendrán que cambiar o morir.
Notas
[*] Este texto constituye una versión ampliada y revisada de un trabajo previamente publicado en la revista La Joven Cuba.
