El pasado viernes, en comparecencia ante la prensa nacional, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó lo que durante semanas circuló como un rumor en diferentes medios: el Gobierno cubano había sostenido conversaciones con funcionarios norteamericanos. De acuerdo a lo declarado por el mandatario, al momento del anuncio se estaban construyendo las agendas de intercambio mutuo y se estaba trabajando en la determinación de problemas bilaterales y posibles vías de solución.
Para un pueblo desgastado por el peso de una de las más implacables crisis de su historia, la noticia representó un hálito de esperanza, no cabe duda. No son pocos los que recuerdan los años del «deshielo» de Barack Obama, los cruceros, el boom del turismo estadounidense, el concierto de los Rolling Stones y sueñan hoy con inversiones estadounidenses que pongan fin a los apagones, con capitales norteños que reactiven el turismo, con Wallmart, Starbucks y McDonald’s invadiendo cada barrio o con anaqueles desbordados de productos. Sin embargo, no hay que ser experto en ciencias políticas para advertir las contadas posibilidades que podrían ofrecer las conversaciones actuales.
En 2014, cuando el entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, informaba al pueblo cubano sobre el inicio de un proceso de normalización en las relaciones con Washington, las condiciones nacionales, regionales y globales eran otras.
Desde su primer mandato (2009-2013), Obama levantó las restricciones de viajes y los envíos de remesa que George W. Bush había impuesto a la isla como parte de su Comisión de Asistencia a una Cuba libre. Desde el comienzo de su administración, el demócrata se desentendió de la línea más dura que había asumido su predecesor republicano: retomó las conversaciones diplomáticas en campos de interés mutuo y llegó a declarar ante distintos jefes de estado del hemisferio que quería un nuevo comienzo en las relaciones con Cuba. Con ese discurso, Obama ganó un altísimo porcentaje del voto cubano-americano en Florida. Esto muestra el peso que la población cubana emigrada a partir de los ochenta comenzaba a tener en esta comunidad: se preocupaban más por las condiciones de vida de la isla y de sus familias que por cuestiones de índole política.
Sin embargo, el cambio histórico que supuso la apertura desarrollada durante su segundo período presidencial (2013-2017) fue posible no solo por el desplazamiento de los sectores más radicales dentro de la emigración cubana en Estados Unidos, sino también por el panorama regional imperante. La buena voluntad de Obama hacia Cuba —con el restablecimiento de relaciones, la apertura de embajadas, la flexibilización de sanciones o la invitación extendida a Raúl Castro para asistir a la VII Cumbre de las Américas— no fue casual. En una América Latina dominada por la izquierda, las proyecciones antimperialistas y bolivarianas, el acercamiento a Cuba fue entendido como un paso necesario para la recomposición de unas desgastadas relaciones con el hemisferio. Cuba y la apertura formaban parte del New Deal que perseguía Obama en su política hemisférica. Hoy, lastimosamente, el panorama es otro.
Trump lanzó una cruzada de máxima presión en pos de cortar las principales fuentes de divisas de Cuba, disuadir a inversionistas extranjeros y obstaculizar el abastecimiento energético de la isla.
Es válido recordar que fue Trump quien deshizo cada uno de los avances de la era Obama, en agradecimiento al apoyo —poco determinante, por cierto— de los representantes más reaccionarios de la comunidad cubana en la victoria frente a Hillary Clinton en 2016. Desde 2017 —año inicial de su primera etapa (2017-2021) al frente del Despacho Oval—, el exempresario asumió una posición extremadamente hostil hacia nuestro país: limitó los viajes a Cuba, prohibió las transacciones con un amplísimo conjunto de empresas cubanas, redujo el personal consular de la embajada estadounidense y suspendió tanto el Programa de Reunificación Familiar como el Programa de Admisión de Refugiados. Luego, en 2019, la administración Trump lanzó una cruzada de máxima presión en pos de cortar las principales fuentes de divisas de Cuba, disuadir a inversionistas extranjeros y obstaculizar el abastecimiento energético de la isla.
Tal como ilustra el politólogo estadounidense William LeoGrande en un trabajo publicado por la revista Temas en 2024, para aquellos años un alto porcentaje de la emigración cubana había abandonado su apoyo al mejoramiento de relaciones y al diálogo con La Habana. Mientras que con Obama los ciudadanos cubanos llegados con las oleadas migratorias de 1980 y 1994 habían sido votantes demócratas —con posturas habitualmente moderadas en relación a Cuba—, con Trump, fruto de su discurso macartista, las posiciones de estos grupos pasaron a reorientarse hacia el bando republicano y líneas más reaccionarias.
En 2018, una encuesta reveló un estrecho margen de apoyo al bloqueo en la comunidad cubana (51 %); para 2020, un sondeo desarrollado por la misma institución expuso un notable incremento del respaldo a la política de asfixia (60 %). Ya en 2022, el apoyo repuntó hasta en un 63 %; al mismo tiempo, datos recopilados entre los cubanos recién llegados al país por aquellos años apuntaban a un abrumador rechazo a la política de Biden con respecto a Cuba, aun cuando la proyección de este varió muy poco de la de su predecesor.
En este contexto, comienza a cambiar la composición política del hemisferio: por un lado, el principal socio de Cuba en el área, Venezuela —en medio de la sucesión de poderes tras el deceso de Chávez—, enfrentaba la arremetida de una oposición cada vez más pujante y el impacto de la intensificación de las sanciones internacionales. Por el otro, en naciones del Cono Sur como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, la derecha cercana a Estados Unidos marginaba del poder a la izquierda que, desde principios de siglo, venía impulsando proyectos de integración para socavar la hegemonía imperial sobre la región. La política de Trump hacia la isla encontró importantes aliados en esas derechas emergentes.
Solo en los últimos años la izquierda logró recuperar un escaso lugar en el mapa político latinoamericano. Esto, sin embargo, no devino en reposicionamientos en defensa de la soberanía cubana. Por el contrario, esta nueva izquierda —mucho más conservadora— adoptó una línea de condena al gobierno de la isla, convertido, junto a Venezuela, en una especie de sambenito en una América cada vez más antiprogresista.
Cuando juramentó para otros cuatro años al frente de la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump halló un escenario más que favorable para la continuidad de su política hostil hacia Cuba. Aun sin constituir esto una gran prioridad dentro de la agenda exterior, la administración del exempresario no tardó en actuar contra la nación caribeña. En ese mismo mes de enero, revocó la decisión de Joe Biden de sacar a la isla de la lista de estados patrocinadores del terrorismo; en junio, firmó un memorándum que revertía muchas de las escasas medidas de alivio que el demócrata había suscrito; en septiembre, ordenó identificar formas de imponer restricciones más severas a los viajes y las transacciones financieras.
Desde enero del presente año, Cuba pasó a ser un tema recurrente dentro de las declaraciones del propio presidente y de figuras pertenecientes a su entorno. Tras la incursión militar en Venezuela, por ejemplo, llamó, en tono amenazante, al Gobierno cubano a llegar a un acuerdo inminente; veintitrés días después del secuestro de Nicolás Maduro, firmó una orden ejecutiva que calificaba a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria, e impuso un bloqueo energético sobre el país.
En medio de la paralización de numerosas actividades y la agudización de la crisis económica al calor del recrudecimiento del bloqueo, el inquilino de la Casa Blanca pareció dejar abierta la puerta a un diálogo. A partir de informaciones obtenidas de funcionarios consultados —expuestas deliberada e intencionalmente por Washington, en mi opinión—, medios como Politico, Axios o USA Today circularon notas sobre conversaciones y posibles acuerdos.
En relación con Cuba, Estados Unidos parece más interesado en lograr la consecución de sus intereses históricos, por medio de una estrategia parecida a la que siguió en Venezuela.
Este aparente giro de guion, sin embargo, fue momentáneo. Si bien el presidente norteamericano no ha rechazado en ningún momento —de forma explícita al menos— la posibilidad de entablar una negociación con La Habana, tampoco ha abandonado su retórica injerencista y hostil hacia el Gobierno cubano, como se ha expuesto antes. El lunes pasado, por ejemplo, Trump afirmó a la prensa que sería un honor para él tomar Cuba: «Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella». Por las mismas jornadas, The New York Times reseñó que Washington perseguía la destitución del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez como primer paso para impulsar una serie de cambios al modelo económico de la isla.
En vínculo con esta información, el pasado viernes 13 de marzo, horas después de que se confirmaran las conversaciones por la parte cubana, Bloomberg aseveró que la administración Trump estaría considerando convertir a Cuba en un protectorado estadounidense. Esto lo haría mediante una asfixia continua que forzase al país a depender por completo de Estados Unidos en el futuro. El medio señaló, a la vez, el interés del Gobierno de Trump en sustituir al jefe de estado cubano. Este afán de transformar a Cuba en un estado satélite, en un gobierno tutelado al estilo venezolano, que la administración estadounidense está dando a entender reduce a la mínima expresión cualquier probable saldo efectivo de las conversaciones.
A ello se suman las condiciones desfavorables que devienen de una emigración cada vez más reaccionaria y la contradicción que suscitaría, para el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, un entendimiento o cualquier acuerdo que excluya una transición de poderes en la isla. Rubio no solo ha sido un histórico defensor de la estrategia más violenta hacia nuestro país y, en consecuencia, un acérrimo enemigo del acercamiento, sino que ha deslizado, además, la posibilidad de lanzarse en 2028 a la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Por tanto, a menos que en un futuro cercano se desmarque del gabinete, cualquier flexibilización de las presiones sería un signo de debilidad y un suicidio político frente a los lobbies reaccionarios que podrían respaldar su candidatura. Esto convierte a Rubio en un obstáculo casi insalvable para avanzar en cualquier diálogo.
En relación con Cuba, Estados Unidos parece más interesado en lograr la consecución de sus intereses históricos, por medio de una estrategia parecida a la que siguió en Venezuela. Con el cerco económico cada vez más ceñido, un discurso injerencista y amenazas diversas, Trump sigue su tradicional estrategia de diplomacia coercitiva, que ha empleado anteriormente con la propia República Bolivariana, Irán y otros rivales geopolíticos. Pensar que un político como él, que ha mostrado la cara más desagradable del imperialismo sin ningún pudor, esté dispuesto a un diálogo en condiciones de igualdad y apego al Derecho Internacional sería pecar de ingenuos. Frente a Estados Unidos, en las presentes circunstancias, nuestro país se sienta en una mesa inclinada, con la soga al cuello y el revólver pegado a la sien. Poco o nada cabe esperar.
