La amnistía: ¿un imposible en Cuba?

Desde que la crisis económica inició en Cuba, y sus efectos arreciaron como consecuencia —entre otras cosas— de la Covid-19, se sucedieron a lo largo y ancho de la isla una serie de protestas y manifestaciones ciudadanas contra el gobierno y las maltrechas condiciones de vida, teniendo como punto álgido el 11 de julio de 2021, día en que decenas de miles de personas se congregaron en contra del régimen en el mayor acto de esta índole después de enero de 1959.

Como respuesta, el gobierno cubano ha apresado y procesado judicialmente a miles de ciudadanos en los últimos años bajo las acusaciones de «desacato a la autoridad», «sedición» y «desorden público»: oscilando las penas entre los cuatro y treinta años de cárcel. Resultado de ello, distintas organizaciones y activistas de Derechos Humanos en Cuba sitúan en más de mil los prisioneros que permanecen dentro del sistema carcelario cubano por sus actividades políticas contra el régimen.

Desde el inicio de estos encarcelamientos, tanto desde fuera como dentro de Cuba se han emitido varios pronunciamientos en contra de la respuesta autoritaria del Estado cubano, y a favor de la concesión de una amnistía por parte de la administración de Díaz-Canel a los presos políticos.

La amnistía —perdón político que contempla la eliminación del crimen imputado— fue aplicada en distintas ocasiones a lo largo de la historia nacional, destacándose la concedida en 1937 a los presos políticos que aún permanecían en cárceles tras el fin de la Revolución del 30, y la que en 1955 otorgó el dictador Fulgencio Batista a varios opositores políticos, incluidos los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes, con Fidel Castro a la cabeza.

Tras el triunfo revolucionario de 1959, y aun cuando el concepto está presente en la actual Carta Magna de 2019 como facultad del Parlamento ―al igual que lo estuvo  en la de 1976―, no se ha implementado en ninguna ocasión. En cambio, fruto de negociaciones diplomáticas y políticas en las que han mediado actores como la Iglesia Católica o la comunidad cubana en los Estados Unidos, fueron aprobados indultos en distintos momentos. Tal es el caso de los concedidos en 1979, 1998, 2011, o 2015, por ejemplo.

Este guarda, sin embargo, profundas diferencias respecto a la amnistía. Aunque contempla igualmente la liberación del condenado, no entraña la eliminación de los antecedentes penales, aun cuando respondan a cuestiones políticas, condenando al beneficiario a cargar con el peso de estos y su capacidad inhabilitante.  

Durante los primeros meses de 2025 el gobierno cubano anunció el excarcelamiento gradual de más de 500 presos como parte de un gesto de buena voluntad hacia la Santa Sede. La realidad era que el gesto tenía lugar en el marco de un proceso negociador con la administración Biden, que devino en la exclusión de la isla de la «lista de Estados patrocinadores del terrorismo».

Las excarcelaciones, no obstante, no incluyeron en su totalidad a presos políticos, y tampoco fueron realizadas bajo el concepto de indulto. Fueron el propio Tribunal Supremo Popular, y tribunales locales los que, amparados en la Ley 152/2022 impulsaron el proceso bajo el concepto de excarcelación anticipada. Este, a la vez que no supone el fin total de la pena, incluye una serie de limitaciones al beneficiado.

La forma bajo la cual se realizó el proceso, y la desestimación por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular de una petición de amnistía presentada por familiares de presos políticos, expresa la compleja relación del régimen actual con la oposición, dada la escalada de tensiones sociales en los últimos años respecto a anteriores etapas de la historia más reciente en la isla, y la improbable disposición del gobierno a aprobar la amnistía

Concederla entrañaría reconocer, en primer lugar, la naturaleza política de los encarcelamientos, disolviendo de golpe la retórica gubernamental y legitimando las denuncias emitidas por organizaciones no gubernamentales y naciones extranjeras. En segundo lugar, y dado que esta es un instrumento que persigue corregir posibles excesos del poder judicial en la interpretación de las leyes vigentes dentro de una república, reparando tales daños, su aprobación implicaría el reconocimiento de la injusticia de los procesos impulsados por los tribunales nacionales contra las protestas ciudadanas y los manifestantes. La clase dirigente cubana, de ninguna forma, validaría esto.

Asimismo, y teniendo en cuenta que las liberaciones citadas antes han sido aprobadas como parte de negociaciones diplomáticas, podría considerarse que la presencia de presos políticos dentro del sistema carcelario pudiera ser utilizada en el futuro como moneda de cambio en negociaciones posteriores. La amnistía, por tanto, sería compleja de lograr, en tanto no existen condiciones para el desarrollo de conversaciones diplomáticas en las circunstancias regionales e internacionales en que se desenvuelve el gobierno cubano, marcadas por el recrudecimiento de la política hostil desde el ascenso de la segunda administración del presidente Donald Trump. 

Urge al país movilizarse en exigencia de esta, sin que importen diferencias respecto a los posicionamientos políticos de los encarcelados. Sin ella, los que regentan el poder político en la isla no cederán.

Otro obstáculo, quizás el mayor de ellos, sería la complicada relación entre el gobierno y la oposición. Las históricas condiciones de asedio en que debió desarrollarse el proceso revolucionario cubano ―persistentes aún hoy― y la estrecha relación de organizaciones y líderes opositores con las agendas de cambio impulsadas por los Estados Unidos para Cuba, generaron que el disenso político y la manifestación cívica fuesen considerados por el gobierno como un peligro para la seguridad nacional y la soberanía. Esto brindó al poder en la isla un pretexto tras el cual escudarse para reprimir cualquier forma de oposición, esté esta vinculada a agentes externos o no.

Así, la amnistía reactivaría la actividad política de varios opositores y organizaciones cuya labor ha sido anulada por los encarcelamientos. Su aprobación, en todo caso, dependería de las presiones que desde la ciudadanía puedan desarrollarse, sin intromisiones de gobiernos extranjeros. Urge al país movilizarse en exigencia de esta, sin que importen diferencias respecto a los posicionamientos políticos de los encarcelados. Sin ella, los que regentan el poder político en la isla no cederán.

En 1937, como tampoco en 1955, se ganó la amnistía a partir de la buenaventura del gobierno; fueron las masas en acción mancomunada quienes empujaron a los políticos de turno a concederla.
Exigir la amnistía de los presos políticos equivale no solo a posicionarse en defensa de la reparación de miles de familias divididas por los encarcelamientos, sino también a situarse en favor de un acto de justicia: la manifestación pacífica debe ser un derecho, no un crimen.