Este miércoles, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció sanciones contra Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, acusándola de liderar una supuesta “guerra política y económica” contra Estados Unidos e Israel.
El gesto no solo revela una peligrosa concepción del poder como inmunidad frente al derecho, sino que también representa un acto de intimidación directa contra la arquitectura internacional de derechos humanos.
Las sanciones llegan justo después de que Albanese publicara su informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, en el que denuncia a 48 empresas —desde fabricantes de armas hasta instituciones financieras— que lucran con la ocupación y la ofensiva militar israelí en Gaza. La relatora, nombrada en 2022, no ha titubeado en señalar los vínculos entre la economía corporativa global y la lógica del exterminio sistemático. Su postura, valiente y rigurosa, ha incomodado a los defensores del statu quo que prefieren la complicidad del silencio al escándalo de la verdad.
Por su parte, Rubio acusó a Albanese de participar activamente con la Corte Penal Internacional para promover procesos judiciales contra ciudadanos estadounidenses e israelíes, algo que, según él, representa una “grosera violación de la soberanía nacional”. Ni Estados Unidos ni Israel son miembros del Estatuto de Roma, pero exigen inmunidad incluso ante crímenes que el derecho internacional define como imprescriptibles.
Naciones Unidas calificó la medida como “un precedente peligroso”. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió su inmediata reversión. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, fue aún más clara: “Este ataque es una afrenta vergonzosa a los principios fundamentales de la justicia internacional”.
Más allá del caso específico, lo que está en juego es la posibilidad misma de nombrar la injusticia sin ser castigado por ello. Si los relatores independientes pueden ser sancionados por cumplir su mandato, ¿qué queda del derecho internacional? ¿Qué margen queda para los derechos humanos cuando la crítica se convierte en crimen y la complicidad en política de Estado?
Los bombardeos israelíes continúan golpeando Gaza con fuerza desmedida. Según Al Jazeera, en las últimas 24 horas las fuerzas israelíes mataron al menos a 82 personas, incluyendo 9 que buscaban ayuda humanitaria en diversas áreas de la Franja. Reuters además, confirmó un ataque en Deir al‑Balah que segó la vida de 10 niños y 6 adultos cerca de un centro médico, marcado por imágenes desgarradoras. Paralelamente, las conversaciones sobre un alto el fuego de 60 días y un posible intercambio de rehenes prosiguen en Doha, aunque aún no se vislumbra un acuerdo concreto. La ONU y organizaciones humanitarias alertan sobre el colapso hospitalario, la escasez de combustible y una crisis de hambruna que agrava aún más el sufrimiento civil.
