En su artículo 73, la Constitución de la República de Cuba expresa que la educación «es un derecho de todas las personas», a la vez que declara que el Estado debe garantizar «los servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado».
En el propio artículo, se expone que «para hacer efectivo este derecho, [El Estado] establece un amplio sistema de instituciones educacionales en todos los tipos y niveles educativos» brindando «la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida». Pero ¿basta con esta garantía constitucional para asegurar una igualdad de acceso a la enseñanza? ¿Poseen realmente todos los sectores iguales oportunidades?
En relación con estas interrogantes, ya un estudio realizado en 1986[1] ofrecía —también en los marcos de una sociedad cuya Ley Fundamental refrendaba la educación como un derecho— cómo en el acceso educativo los estudiantes procedentes de familias de profesionales contaban con mayor representación dentro de los niveles preuniversitario y universitario, en contraste con aquellos procedentes de familias de obreros, campesinos y negros, subrepresentados en estos.
Casi cuarenta años después, la nueva realidad socioeconómica que vive el país desde la caída del campo socialista, con el recrudecimiento periódico del bloqueo, el estallido de dos grandes crisis económicas y la adopción de un conjunto de reformas liberalizadoras, no ha hecho más que agudizar las inequidades en el acceso a la educación.
Y es que no resulta casual que entre la matrícula de determinadas carreras universitarias[2] o los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE) exista una subrepresentación de la población negra, por ejemplo, en contraste con la sobrerrepresentación de este mismo sector en institutos politécnicos, obreros calificados o escuelas deportivas.
Tampoco lo es el hecho de que los adolescentes y jóvenes provenientes de familias de clase trabajadora o campesina sin acceso a las remesas familiares posean hoy serias limitaciones para ingresar a los IPVCE o a una carrera universitaria.
El creciente deterioro del nivel de vida de parte de la población, como resultado de la agudización de la escasez crónica que ha afectado al país desde los noventa, junto a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, la inflación y el declive que ha experimentado el propio sistema educativo; ha posicionado en una situación de desventaja a grupos históricamente vulnerables dentro de la sociedad cubana.
Para estos, los gastos en vestimenta, alimentación, transportación, materiales escolares y recursos tecnológicos para acceder a buena parte de los contenidos curriculares son incosteables, como también lo son los tutores privados —conocidos eufemísticamente como repasadores— a los que necesariamente deben recurrir a fin de cubrir los déficits del proceso educativo.
La persistencia de sistemas de ingresos selectivos y meritocráticos en las universidades, o los propios IPVCE —en las presentes circunstancias—, actúan igualmente en contra de la equidad. Al tiempo que el peso que hoy tienen los salarios del sector privado —mayoritariamente ligado al trabajo manual— atenta contra la continuidad de estudios de estos grupos.
Estas desventajas se presentan como barreras para la movilidad social ascendente de estos grupos, contribuyendo incluso a perpetuar su desventaja socioclasista por cuanto son excluidos, en la práctica, de las oportunidades laborales, sociales y económicas que ofrece la educación.
En relación con esto, aunque desde la sociedad civil y el propio Estado la preocupación por la problemática sea una constante, y se hayan asumido acciones como las contenidas dentro del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, por ejemplo, o aun cuando, en lo inmediato, pudiera aprobase la eliminación del ingreso mediado por exámenes o el rescate del proceso de universalización de la educación superior; estas resultan insuficientes.
Y es que debe entenderse que, ante todo, las brechas son estructurales, heredadas de siglos de desigualdades que la Revolución cubana no pudo superar por completo, y que los recientes cambios dentro del modelo cubano —al calor de la crisis y un panorama internacional hostil— han profundizado.
La solución, por tanto, no solo puede emprenderse a través de políticas focalizadas hacia estos sectores o voluntades institucionales. Urgen, para enfrentar estas contradicciones, cambios socioeconómicos que apuntalen nuevamente las potencialidades del sistema socialista cubano, y las prestaciones sociales que sirvieron de soporte a los sectores más humildes en décadas anteriores.
Esto, aunque pueda parecer un imposible en las condiciones actuales, no debe dejar de ser una aspiración medular, tanto para el Estado como para la ciudadanía. Renunciar a esto, sería abjurar del proyecto martiano de edificar una república «con todos y para el bien de todos», de construir una sociedad más justa.
Notas
[1] Serafín (Tato) Quiñones: «Sobre el blanqueamiento en las universidades cubanas», en Afrodescendencias, Aurelia Ediciones, España, 2019, pp. 140-144.
[2] Yulexis Almeida Junco: «Educación superior, género y color de la piel: Una breve reflexión sobre la implementación de políticas de amplio acceso en el contexto cubano, en Cuban Studies, no. 48, University of Pittsburgh Press, 2019, pp. 109-128.
