El gobierno de Gabriel Boric, que concluye en los próximos días, se presentó como un proyecto transformador que avanzaría en distintos ámbitos de la sociedad. Uno de ellos fue el bienestar animal, pero —como ocurrió con tantas otras promesas de gobierno— terminó siendo solo retórica, sin sustento político profundo ni confrontaciones reales con las prácticas de explotación animal.
Lo menciono porque durante su campaña Gabriel Boric prometió el reconocimiento de la sintiencia animal, el fin del maltrato como fuente de divertimento humano y un giro ético que incluyera a todos los seres sintientes. Cuatro años después, el resultado es un gobierno que, pese a gestos simbólicos tardíos, perpetuó un especismo estructural y evadió desafiar a los intereses económicos y culturales arraigados.
Una de las contradicciones más evidentes es que este mismo gobierno respaldó —en su momento— la norma más avanzada en la materia que haya tenido Chile: el reconocimiento constitucional de la sintiencia animal, consagrado en la propuesta de la Convención Constitucional de 2022. Esa norma reconocía a los animales como sujetos de especial protección y afirmaba su capacidad de sentir dolor. Fue una conquista histórica del movimiento animalista.
Sin embargo, tras el rechazo ciudadano y el fracaso de la primera propuesta constitucional —que apoyamos en las redes y en las calles—, el Ejecutivo no retomó ni impulsó ninguna iniciativa equivalente, no ingresó proyectos de ley para incorporar la sintiencia animal en la legislación ordinaria, no priorizó reformas que la materializaran en políticas públicas ni la usó como base para decretos o regulaciones concretas.
En campaña, Boric fue explícito al cuestionar prácticas como las carreras de galgos, tildándolas de formas de crueldad normalizada. Sin embargo, el Ejecutivo no usó sus facultades para prohibir por decreto dichas carreras. Activistas lo exigieron con marchas, cartas en La Moneda y proyectos de resolución aprobados en la Cámara, pero el gobierno optó por el silencio. El tema permanece estancado en el Congreso, sin urgencia presidencial.
Una contradicción similar ocurrió con el rodeo. Criticado en 2021 como «divertimento» cruel, en 2022 el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, firmó convenios con la Federación de Rodeo Chileno y la Asociación de Municipios Rurales para fortalecerlo en nombre de las tradiciones rurales y el desarrollo social y cultural. No hubo regulaciones serias, prohibiciones parciales ni reformas que limitaran el sufrimiento animal.
Pero, el silencio más grave y revelador es el de las granjas industriales: millones de cerdos en jaulas de gestación perpetua, vacas en ordeña intensiva continua y animales en hacinamiento extremo con mutilaciones rutinarias. No hubo una actualización significativa de los reglamentos para animales de producción (como el Decreto 29 de 2013), ni planes para transitar hacia sistemas menos crueles, ni un posicionamiento firme contra esa explotación masiva que, además, agrava la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
En consecuencia, estos no son errores aislados; son síntomas de un progresismo que visibiliza el cuidado en lo doméstico —mascotas, duelo familiar— pero retrocede ante los intereses económicos arraigados, como la industria agropecuaria y el negocio de la carne, fortalecidos durante este gobierno y reveladores de la falta de voluntad para transitar hacia una sociedad mucho más empática.
Es cierto que hubo avances marginales: incremento en recursos para esterilizaciones, urgencias intermitentes a proyectos parlamentarios (Ley Cholito actualizada, tipificación de zoofilia, robo de mascotas) y, en la última Cuenta Pública, anuncios como un piloto de financiamiento para cementerios municipales de mascotas (vía Subdere), creación de un registro nacional de condenados por maltrato animal y refuerzo de sanciones. Sin embargo, son más bien «saludos a la bandera».
Como ex militante del Frente Amplio que creyó en cambios profundos, esta autocrítica es necesaria. Un gobierno verdaderamente transformador debió confrontar el especismo en todas sus dimensiones: recreativa, productiva y cultural. El gobierno de Gabriel Boric pudo dejar un legado con decretos contra prácticas crueles, regulaciones éticas en la producción animal, educación masiva en empatía interespecies y actualización de normativas pendientes. Optó, en cambio, por la continuidad de un sistema que pone precio a la vida de los animales no humanos, tratándolos como objetos de consumo.
En definitiva, el legado en materia de bienestar animal es una oportunidad perdida que deja heridas abiertas: animales sufriendo en calles, espectáculos y granjas, mientras se habla de empatía sin transformación real. Necesitamos la incorporación efectiva de la sintiencia animal en leyes y políticas, y un cuidado integral que rompa con siglos de especismo. Los animales no humanos no esperan más promesas; exigen cambios concretos.
