El último informe de la misión independiente de la ONU sobre Sudán ha dado un paso que durante meses evitó pronunciar: lo ocurrido en El Fasher presenta «los rasgos distintivos del genocidio». No es una frase retórica. Es una categoría jurídica con implicaciones políticas y penales concretas.
La ciudad, capital histórica de Darfur Norte, fue sitiada durante 18 meses por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), la milicia paramilitar liderada por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. El asedio terminó en octubre con la toma de la ciudad. Lo que siguió, según la ONU, fueron asesinatos masivos, violaciones sistemáticas, torturas, desapariciones forzadas y la destrucción deliberada de las condiciones de vida de comunidades específicas, en particular de zaghawa y fur.
El informe sostiene que no se trató de excesos aislados en el fragor de la guerra civil iniciada en abril de 2023 entre el ejército regular y las RSF. Habla de la intención de destruir, total o parcialmente, a grupos étnicos identificables. Esa intención —el dolus specialis— es el núcleo del crimen de genocidio. Sin ella, hay crímenes de guerra, hay crímenes de lesa humanidad. Con ella, el umbral es otro.
La repetición de Darfur
Darfur no es un territorio sin memoria. Lo ocurrido a inicios de los 2000 bajo el régimen de Omar al-Bashir ya fue objeto de investigaciones por genocidio. Lo que el nuevo informe subraya es que los patrones no solo reaparecieron, sino que se intensificaron.
El documento concluye que se cometieron al menos tres actos subyacentes de genocidio:
- matar a miembros de un grupo étnico protegido,
- causarles daños físicos y mentales graves,
- e imponer deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física, total o parcial.
El informe describe el asedio como una estrategia deliberada: la ciudad fue «sistemáticamente debilitada», la población «deliberadamente privada de alimentos y asistencia humanitaria», quedando «indefensa ante la violencia extrema que siguió». No se trató solo de una batalla urbana. Fue una erosión progresiva de la capacidad de supervivencia de comunidades específicas.
La dimensión internacional: armas, dinero, silencio
El informe no habla de caos. Habla de estructura. Señala que «la escala, la coordinación y el respaldo público de la operación por parte del liderazgo superior de las Fuerzas de Apoyo Rápido apuntan a una operación planificada y organizada ejecutada a través de una jerarquía establecida».
Nombra explícitamente a Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) y a su portavoz Al-Fatih Al-Qurashi, citando declaraciones públicas en las que celebraban la operación. Hemedti reconoció que hubo «violaciones», calificó la toma de la ciudad de «catástrofe», pero la justificó como necesaria. Prometió investigaciones internas. Según la misión, las RSF no respondieron a las solicitudes para detallar qué medidas disciplinarias habían tomado.
El informe también menciona un elemento clave: la campaña militar fue reforzada por mercenarios extranjeros equipados con armamento avanzado y sistemas de comunicación sofisticados. Aunque el mandato no incluía investigar directamente a Estados involucrados, la misión señala que está recopilando información creíble sobre apoyo externo.
El genocidio no siempre adopta formas claras, sino que puede operar mediante el vaciamiento progresivo de condiciones mínimas de supervivencia.
La guerra como lógica de exterminio
La guerra civil sudanesa comenzó como un conflicto de poder entre el ejército regular y las RSF sobre la integración de estas últimas en las fuerzas de seguridad. Pero pronto absorbió agravios locales, fracturas étnicas y luchas por recursos. En Darfur, la dimensión étnica se reactivó con una violencia que evoca los peores momentos del pasado.
Lo que hace que el caso de El Fasher sea especialmente grave no es solo el número de muertos —que algunos informes sitúan en miles en cuestión de días—, sino la combinación de asedio, hambre y ataque selectivo. El genocidio no siempre adopta formas claras, sino que puede operar mediante el vaciamiento progresivo de condiciones mínimas de supervivencia.
El uso inflacionario del término debilita su fuerza normativa; pero cuando se combinan tres actos subyacentes: matar miembros de un grupo protegido, causar daño físico o mental grave, e imponer condiciones de vida destinadas a su destrucción, y se añade evidencia de intención específica, la calificación deja de ser banal.
El riesgo es doble. Si se confirma jurídicamente el genocidio y no ocurre nada, el sistema internacional pierde legitimidad. Si no se confirma y se diluye en categorías más vagas, las víctimas pierden reconocimiento histórico.
¿Y ahora qué?
El informe advierte que el riesgo de nuevos actos genocidas sigue siendo «grave y continuo». No es una conclusión académica. Es una advertencia operativa.
La comunidad internacional tiene, en teoría, instrumentos: embargo total de armas, sanciones dirigidas, presión diplomática sobre patrocinadores, cooperación con la Corte Penal Internacional, incluso la creación de un mecanismo judicial específico. Pero todo eso requiere voluntad política.
La pregunta es si Sudán ocupa un lugar suficientemente alto en la jerarquía de prioridades globales. En un mundo saturado de conflictos, con Ucrania, Gaza y tensiones en otras partes del mundo, África subsahariana suele quedar en segundo plano.
La tragedia de El Fasher no es solo local, sino que representa otra prueba para el orden internacional construido después de 1945 y fuertemente dañado en los últimos años de inacción y de doble rasero. Si la palabra genocidio vuelve a pronunciarse y el resultado es la inacción, el mensaje es claro: las normas existen, pero solo para quienes tienen peso geopolítico.
